El proyecto de ley orgánica educativa que lidera la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, llegó en junio al Congreso para enfrentarse a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Ciudadanos.
Derogar la Lomce o «ley Wert», vigente desde 2013, es el principal objetivo del Gobierno, mientras que los partidos antes citados son contrarios a una reforma que tachan de ideológica y que critican por quitar peso a los centros concertados o al castellano en las comunidades con lengua cooficial. Además, PP, Vox y Ciudadanos coincidían en criticar que este proyecto de la ley orgánica de modificación de la LOE de 2006, denominado Lomloe o ‘ley Celaá’, se quiera aprobar una norma sin consenso y en estos momentos de crisis sanitaria.
Estas son sus principales claves
–Defensa de la educación pública: la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo.
–Castellano: deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. Las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente.
–Lenguas propias: la asignatura de Lengua Cooficial y Literatura pasa a llamarse Lengua Propia y Literatura.
–Currículo: los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el Ministerio no supondrán más del 50% de los horarios para las comunidades con lengua cooficial ni del 60% para el resto.
–Religión: oferta obligatoria, elimina la obligación de cursar una materia alternativa y la nota no contará para procesos de acceso universitario o a becas.
Cultura de las religiones: en Primaria y Secundaria se podrá establecer la enseñanza no confesional de cultura de las religiones.
–Valores cívicos y éticos: se estudiará en Primaria y Secundaria, con especial atención al respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad. En Secundaria se conocerá el papel social de los impuestos y la justicia fiscal.
–Educación especial: en diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad. Las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieren atención muy especializada.
–Concertados: elimina la «demanda social» para abrir nuevos centros o aumentar plazas. No podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones.
–Suelo público: incremento progresivo de puestos escolares en la red pública. Los municipios cooperarán en la obtención de los solares necesarios para construir centros públicos.
-Separación de alumnos por sexo: los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su género.
-Admisión de alumnos: cuando no existan plazas suficientes, la admisión en un centro se regirá por los criterios prioritarios de hermanos matriculados, proximidad y renta. Después, se tendrá en cuenta el ser familia numerosa u otras circunstancias.
-Comisiones de admisión: cuando la demanda de plazas supere la oferta las comisiones de admisión velarán por la presencia equilibrada en centros con fondos públicos del alumnado con necesidad de apoyo educativo o desfavorecido.
-Plazas en infantil: aumento de las plazas públicas 0-3 años. Promover la existencia de centros públicos que incorporen Infantil con otras etapas educativas.
-Repetición de curso: los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria.
-Historia de la democracia: los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España. Deberá plantearse desde una perspectiva de género.
-Educación afectivo-sexual: fomentar de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, desde Primaria.
–Igualdad de género: impulsar el incremento de alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y promoverán la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres.
-Defensa del planeta: fortalecer las capacidades afectivas del alumno en sus relaciones con el planeta.
-Certificación en secundaria: los alumnos recibirán al concluir ESO una certificación oficial con los años cursados y el nivel de las competencias.
-Bachillerato: se podrá hacer en tres años y también se contempla la posibilidad de que el equipo docente decida la obtención del título por el alumno que haya superado las materias salvo una.
-Educación de adultos: podrán incorporarse a la educación de adultos los mayores de 16 años con contrato laboral o deportistas de alto rendimiento.
-Alumnos sin cualificación: las Administraciones podrán organizar programas formativos para mayores de 17 años sin cualificación, para permitirles un título de Formación Profesional o certificación académica.
-Programas de diversificación curricular: modificación y adaptación del currículo desde el tercer curso de Secundaria para el alumnado que lo requiera con el fin de que consiga el título de graduado en ESO.
–Docentes: en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley, el Gobierno hará una propuesta normativa que regule la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo a la profesional docente. Los docentes que muestren una manifiesta falta de condiciones para ocupar un puesto o una notoria falta de rendimiento podrán ser removidos de su puesto.
–Inspectores: la fase de concurso valorará la trayectoria profesional del candidato y sus méritos, mientras que la fase de oposición será una valoración de capacidades y no una prueba.
–Digitalización: desarrollo de la competencia digital de los estudiantes en todas las etapas educativas.
–Escuela rural: se garantiza un puesto gratuito en Primaria en el propio municipio del alumno que, en el caso de trasladarse a la zona escolar más próxima, será minimizando el desplazamiento.
–Plan ante situaciones de emergencia: Educación y comunidades definirán un plan de contingencia para que continúe la actividad educativa en situaciones como la crisis del coronavirus.