La ley mordaza, avalada por el Constitucional, seguirá vigente.

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Ni el descontento social que genero, ni las impugnaciones del recurso de inconstitucionalidad, han conseguido parar esta la Ley de Seguridad Ciudadana. El Tribunal Constitucional avala la práctica totalidad de la ley.

La conocida como ley mordaza ha sido uno de los mayores frenos a las protestas, fruto del descontento popular y las contradicciones de un sistema que, literalmente, cercena todo intento de disidencia y autogestión.

Una legislación sacada adelante por el PP como respuesta al ciclo de movilizaciones devenidas por la durísima crisis económica de 2008. Una ley que fue el buque insignia de dicho partido y que, pretendía responder a una supuesta inestabilidad social que nunca fue tal, y es que en el 99% de las manifestaciones de 2013, por ejemplo, no se registró ningún incidente. Desde aquel momento hasta el presente esta ley, absolutamente denostada por los movimientos sociales de todo el estado, ha dejado un triste reguero de multas y represión a pesar de los cuales el pueblo trabajador no ha dejado de salir a la calle.

De esta manera el TC ha señalado que, de los diversos puntos polémicos solo uno contraviene la constitución y por tanto no ha sido avalado por dicho tribunal. El artículo en cuestión es el 36.23, que prevé como infracción grave el uso de grabaciones “no autorizadas” a las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado (policía y militares). De esta manera, el periodismo a pié de calle, y también la denuncia ciudadana, parece que por ahora podrán continuar señalando los casos en los que se pudiera producir algún tipo de atropello contra los derechos fundamentales de manifestantes y ciudadanas en general por parte de dichos cuerpos. Declarada la inconstitucionalidad del inciso referido al tema de la autorización o no de dichas grabaciones quedan en el aire muchas preguntas ¿Algún día se abrirá la fiscalía investigaciones al respecto de la documentación recopilado durante las últimas décadas? ¿Hasta cuando los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado disfrutaran de lo que parece una impunidad absoluta en el desempeño de sus “funciones”? No son cuestiones menores, si bien es cierto que es posible grabar este tipo de intervenciones, el número de investigaciones al respecto es ínfimo, y de estas podemos decir que prácticamente ninguna se ha hecho pública o a derivado en un proceso judicial.

Desafortunadamente el criterio del Tribunal Constitucional parece no ir en sintonía de ser garantistas de otros derechos que también se supone protege la constitución. Es el caso de las devoluciones en caliente de personas migrantes, algo contra lo que han luchado asociaciones antiracistas y también las comunidades de migrantes radicadas en el Estado español. De esta manera lo judicial consolida una estrategia que es transversal a todos los gobiernos (de “izquierda” o derecha), que han evitado tratar el fenómeno de la migración como algo consustancial a las sociedades humanas y que merece una gestión bastante mejor que el que hasta la fecha se esta dando. No podemos olvidar que en este momento instituciones como los CIE continúan abiertas, pero también la carestía de planes de acogida eficientes como se ha demostrado por ejemplo en Canarias donde centenares de migrantes continúan hacinados en un puerto a la espera de que se les asista con dignidad. Las devoluciones en caliente son en este contexto, otra herramienta grave que refleja el racismo institucional en el que vivimos.

Otras medidas polémicas de la ley que sí se avala el TC, son por ejemplo los cacheos exteriores incluidos aquellos que implican el desnudo integral. Prácticas también consideras desafortunadas por muchos sectores de la sociedad, y que atentan según estos a la dignidad de las personas situándolas en un plano de indefensión frente a los agentes de seguridad del estado.

También el conjunto de sanciones previstas para «disturbios en manifestaciones» continuará vigente. Un caso para el que otros marcos jurídicos ya daban respuesta. Como se ha señalado, esta ley fue llevada adelante por el PP en un contexto en el que, si bien había bastante presencia social en las calles, se estaba muy lejos de los gravísimos descosidos políticos y económicos que hoy se viven en el estado. Circunstancias que demandan precisamente, el compromiso social y político de la mayoría oprimida que trata contra viento y marea de hacer valer sus intereses en las calles, puesto que las instituciones parecen vivir en un auténtico mundo paralelo a la realidad del conjunto del estado. A todas estas conviene recordar que esta no es la única ley conocida como «mordaza», a ella se suman otras como conocida como la «ley mordaza digital», llevada adelante por el partido de Pedro Sánchez, y gracias a la abstención de Unidas Podemos, .

En definitiva, una decisión del TC que no esta siendo precisamente aplaudida, y que además pone de relieve como el Estado español continua teniendo una epidermis muy sensible, y muy poco asertiva, para con las legítimas protestas que desarrolla el pueblo en las calles.

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Un comentario en “La ley mordaza, avalada por el Constitucional, seguirá vigente.

  • el 20 noviembre, 2020 a las 3:48 pm
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    Un famoso político los llamó «casta». Otro dijo que «son la misma mierda».

    Lo dice uno con miedo de que le pongan mordaza.

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