Isabel Díaz Ayuso aprovecha la pandemia para favorecer a la Iglesia.

Mientras los sanitarios protestan por los recortes, Ayuso asigna un cura  para cada 100 camas de hospital - Contrainformación

Por La última hora La firma del nuevo convenio entre la Consejería de Salud madrileña y la iglesia, sumada a la derivación de enfermos de hospitales públicos a centros privados gestionados por congregaciones religiosas, suscita críticas a la gestión de Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha suscrito un nuevo convenio para la asistencia religiosa católica en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud. En el Boletín Oficial Nº 176 de la Comunidad de Madrid, publicado el 22 de julio, la Consejería de Salud madrileña se compromete a desembolsar casi un millón de euros anuales a la iglesia por los servicios religiosos prestados en los hospitales de la red del Servicio Madrileño de Salud.

Un total de 73 capellanes prestarían estos servicios por un importe de más de 900.000 euros anuales al menos los próximos cuatro años. El ANEXO III del convenio especifica que “además de las cantidades citadas las Gerencias abonarán a la Provincia Eclesiástica de Madrid con carácter compensatorio el importe de la cotización empresarial a la Seguridad Social según el régimen especial del clero, sin que ello implique la traslación a la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Sanidad o al Servicio Madrileño de Salud ni a sus hospitales adscritos de la obligación de cotizar y responsabilidad del ingreso de las cotizaciones, que corresponde en exclusiva a las diócesis”. Es decir que el importe final superaría el millón de euros anual por los cuatro al menos acordados en el convenio.

«Reconocer, proteger y posibilitar el ejercicio garantizado constitucional, legal y convencionalmente, del derecho a la asistencia religiosa de los enfermos católicos y sus familiares o allegados” detalla el  convenio suscrito. La firma del mismo, ha suscitado críticas por la falta de ecuanimidad con el resto de confesiones.

No sería esta la primera vez que la caótica gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid gobernada por Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado tendría como beneficiaría a la Iglesia. El pasado mes de septiembre, la falta de previsión en la contratación del personal sanitario por parte de la Consejería de Salud madrileña en esta segunda ola de Covid-19 llevó al hospital Gregorio Marañón a tener que derivar pacientes a la privada.

El hospital firmó un contrato de dos meses con la clínica particular Beata María Ana, gestionada por la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. El elevado importe del contrato suscrito entre el hospital público -dependiente de la Consejería de Salud del Gobierno de Ayuso- y la congregación religiosa asciende a 867.480 euros. Mediante el citado contrato la congregación religiosa se haría cargo durante dos meses del cuidado de los enfermos con Covid-19 derivados del hospital Gregorio Marañón, que alega falta de personal sanitario para justificar la derivación.

La gestión del presupuesto sanitario de la comunidad de Madrid queda en entredicho. El intento de equipar al polémico hospital de pandemias con voluntarios a través de un tablón de anuncios, y la falta de rastreadores-182 para toda la Comunidad de Madrid- contrasta con el derroche millonario por parte del Ejecutivo madrileño en favor de la Iglesia.

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