La enseñanza concertada salió ayer a la calle en Ferrol para protestar por la “ley Celaá”

Concentraciones de coches en toda España contra la ley de educación de  Isabel Celáa

Una larga caravana de vehículos –alrededor de trescientos según la Policía Local de Ferrol y más de mil según los convocantes– protagonizó ayer en Ferrol la movilización con la que la enseñanza concertada quiso mostrar su rechazo a la recién aprobada Lomloe, la nueva ley educativa impulsada por la ministra socialista Isabel Celaá.

En España hay colegios públicos y colegios llamados concertados que son de titularidad privada pero financiados por el Estado, la mayoría de ellos propiedad de órdenes religiosas.

El texto de la nueva ley señala que «en ningún caso» podrán los centros públicos o concertados «percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito» o imponer «la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica» por parte de las familias de los alumnos. El objetivo de la enmienda es garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos «sin discriminación por motivos socioeconómicos». La ley, por su parte, ha recibido el rechazo unánime de la comunidad educativa concertada, que este martes se concentrará en el Congreso con más de 1.138.000 firmas recabadas contra la LOMLOE. Derogar la Lomce o ‘ley Wert’, vigente desde 2013, es el principal objetivo de una reforma que aspira a evitar la «segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza», extender la Educación Infantil de 0 a 3 años, devolver poder de decisión a los Consejos Escolares, fomentar la Formación Profesional y transformar el actual currículo.

Según los datos de la Memoria Justificativa que la Iglesia española presenta al Estado cada año, los obispos gestionan 2.247 centros católicos concertados que, en su opinión, «suponen un ahorro al Estado de 2.563 millones de euros». Sin embargo, la financiación de estos centros supone una inversión estatal de más de 4.600 millones de euros.

Algo similar ocurre con el ingente patrimonio cultural que gestiona la Iglesia pero cuyos gastos de restauración corren a cargo de las Administraciones públicas. Por no hablar de los miles de edificios inmatriculados gracias a la «ley Aznar». Sin embargo, para los obispos «el impacto global estimado de los bienes de interés cultural y de las fiestas religiosas equivale a más del 3% del PIB en España». Esto es, 32.420 millones de euros.

La Iglesia Católica tiene mucho poder en el sistema educativo español. Una de las razones es el control que tienen de los centros concertados, ya sea a través de órdenes o congregaciones, ya sea a través de organizaciones como el Opus Dei. Estos centros reciben de las Administraciones Públicas un 35,8% del presupuesto de educación en Primaria y un 34,3% en la Secundaria Obligatoria. En muchos de estos centros no sólo se enseña, sino que se adoctrina con la presencia de símbolos católicos en las aulas, la obligatoriedad para los alumnos a asistir a ceremonias religiosas o participar en la celebración de ritos, algo que debería estar prohibido porque los centros concertados tienen que funcionar del mismo modo en que lo hacen los de titularidad pública. Muchos de estos centros católicos, además, segregan por sexo a sus alumnos, lo que va en contra de las políticas de igualdad de género.

Tras la caída del Imperio Romano y el fin de la Edad Antigua a finales del siglo V, el cristianismo se convirtió en la religión dominante e impuso una mentalidad medieval basada en la fe. Eso significa que los clérigos tenían tanto poder como los nobles y reyes.

En España, la Iglesia Católica (una de las iglesias más influyentes del cristianismo) fue una de las instituciones más poderosas durante siglos.

Somos muchos los que sabemos del esfuerzo diario sincero y valioso de miles de religiosos y laicos católicos que contribuyen a que el mundo sea mejor y a que los seres humanos sean un poco menos infelices en este planeta herido de muerte por los poderosos. Les tenemos un gran respeto y extraordinaria admiración por su esfuerzo y compromiso diario. Por eso duele más comprobar que sus jerarcas se sitúan en la extrema derecha como antaño, en posiciones intransigentes, haciendo una vez más tanto daño al progreso, a la justicia y a la libertad.

Cañizares, Rouco y compañía han callado mientras que el gobierno del Partido Popular ha hecho reformas fiscales que han perjudicado a los más débiles, han guardado silencio cuando la política de vivienda de la derecha ha constituido la agresión más grave que ha sufrido nunca la familia española, callaron cuando Aznar nos llevó a una guerra inmoral e injusta. No salieron a la calle cuando el Partido Popular rebajaba los gastos sociales, cuando aumentaba la desigualdad, cuando narcotizaba a los inmigrantes para expulsarlos como si fueran animales… Y ahora claman engañando para defender, solamente, sus privilegios.

Una apuesta decidida por la Escuela Pública, Gratuita, Democrática y Laica, por parte de la sociedad y de los poderes públicos, es una garantía para avanzar hacia un modelo educativo integral, compensador de desigualdades y que eduque para la convivencia, dentro de un proyecto común de ciudadanía, inclusivo y no segregador.

El déficit que sufren los colegios lo compensan cobrando aportaciones voluntarias o cuotas. Estas son ilegales en el sistema público (y la red concertada, aunque de titularidad privada, se acoge a las normas de la pública), pero aún así está comúnmente aceptado que existen y se cobran, aunque no en el 100% de los colegios. Las cuotas pueden oscilar entre los 25 euros al mes y los 850 del que cobra el colegio Saint Paul’s School de Barcelona (un caso extremo). La cantidad habitual suele estar entre los 60 y los 100 euros mensuales.

Las cuotas también ejercen de facto de elemento disuasorio para las familias con menos recursos, funcionando así como un sistema de selección indirecto. La escuela pública (y a estos efectos la concertada lo es) no puede elegir quién se matricula en ella. Los detractores de la concertada le acusan a menudo de hacerlo.

Los datos les dan la razón. Un estudio de la Fundación BBVA y el Ivie de Valencia explica cómo mientras la escuela pública acoge a una mayoría de alumnado de entornos socioeconómicos desfavorables (un 33% de estudiantes pertenece a clases humildes, mientras un 7% es de clases acomodadas), la privada concertada tiene mayoría de jóvenes con recursos (un 65% de alumnado favorecido frente a un 7% de clases favorecidas).

La educación concertada solo le sale barata a la administración en cuanto al elemento humano. Porque los profesores, al no ser funcionarios, cobran menos, trabajan el doble y además los temporales son despedidos en verano, ahorrando esos costes y contratando otra vez en septiembre para así subir las estadísticas a la vuelta de vacaciones. 

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2 comentarios

  1. Cada vez hay menos ordenes religiosas en los colegios, los profesores y la dirección, de los antiguos colegios religiosos, son laicos, esa es la realidad y en los próximos años, irán a más. Hay una enorme crisis de vocaciones y ya no se usa el casarse por la iglesia ni el tener muchos hijos, como era tradicional en España

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